Una crítica profunda manifestó la ONG Campo Seguro, frente a la suspensión del proceso de consulta indígena impulsado por el Gobierno para recoger las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. La entidad sostiene que el enfoque del Ejecutivo ha sido erróneo, tanto en el diseño de las políticas como en el uso de recursos públicos, y que es urgente repensar la estrategia hacia la Macro Zona Sur.
El Ejecutivo anunció esta semana la pausa indefinida de la consulta indígena, luego del rechazo expresado por comunidades de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. El proceso contemplaba un gasto adicional de $1.000 millones de pesos, sumados a los $1.300 millones ya invertidos en la Comisión para la Paz y el Entendimiento, creada para proponer soluciones a las demandas territoriales y sociales de la zona.
Francisco Muñoz, gerente de la ONG Campo Seguro, afirmó que “las expectativas establecidas por parte de los integrantes de la Comisión y su foco en tierras y nuevas institucionalidades generaron un clima adverso a la búsqueda de soluciones. No separar el terrorismo de las demandas es un error político e histórico”. A su juicio, este enfoque ha debilitado la confianza en las instancias creadas por el Estado.
El ejecutivo también cuestionó el uso del Convenio 169 de la OIT como marco para diseñar políticas públicas. “Nuevamente el Convenio 169 ha demostrado ser una herramienta equívoca para el desarrollo de políticas públicas generales y discriminatoria hacia el común de los chilenos, específicamente al incluir, por ejemplo, la consulta de una Ley de Reparación a Víctimas que podría ser común a cualquier ciudadano”, expresó.
ONG Campo Seguro sostuvo que la suspensión del proceso representa una oportunidad para replantear la relación del Estado con la Macro Zona Sur. “Se requieren soluciones que distingan con claridad entre las legítimas demandas de las comunidades y los actos de violencia que atentan contra la paz social”, señaló Muñoz.