Cumpliendo con el compromiso acordado de reunirse con propuestas concretas, un grupo de autoridades regionales se reunió con más 60 vecinos y vecinas del sector La Aguada, en Corral. Esto con el objetivo de analizar soluciones a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la emergencia ante la interrupción del suministro de agua potable.
El encuentro se realizó en la Escuela Rural La Aguada y contó con la presencia del Seremi de Gobierno, Juan Sebastián Guerra, quien asistió en representación de la Delegación Presidencial Regional. Junto a él, participaron las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud, Cristina Ojeda; de Obras Públicas Nuvia Peralta; y de Economía, Fomento y Turismo, Alejandra Vásquez.
Durante la reunión, las autoridades presentaron propuestas a corto plazo, mediano y largo plazo. Entre las primeras se incluye la habilitación de un sistema nuevo y provisorio de captación de agua, que irá desde el estero Caupolicán y que contará con muros de contención y otros elementos de seguridad. Además, se informó el comienzo de procesos investigativos por parte del Ministerio de Obras Públicas para esclarecer responsabilidades.
A mediano plazo, se licitará una obra de conservación para asegurar un sistema de control de fondo en el sistema de captación existente.
Al respecto, el Seremi de Gobierno Juan Sebastián Guerra, argumentó que desde el Gobierno se están tomando todas las medidas necesarias para dar respuesta lo más pronto posible a los vecinos. “Tal como lo indicó nuestro Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública, los vecinos y vecinas de La Aguada no están solos. Hemos ordenado el inicio de procedimientos de investigación para determinar las responsabilidades de la Empresa. Además, nos hemos desplegado permanentemente en la zona con distintos servicios públicos. Desde el Gobierno estamos buscando todas las alternativas para solucionar cuanto antes esta emergencia y que esto no vuelva a ocurrir”, indicó.
El vocero de Gobierno comentó también que durante la reunión recibieron una denuncia respecto de una presunta agresión que habrían sufrido un grupo de vecinas por parte de trabajadores de la empresa Urales. “Como Gobierno no vamos a tolerar ningún tipo de agresiones contra mujeres ni contra nadie, motivo por el cual la seremi de Obras Públicas ya solicitó al director regional de Vialidad investigar estos hechos”, indicó.
Respecto de los trabajos a realizarse, la seremi de Obras Públicas, Nuvia Peralta, manifestó que “como Obras Públicas nuestra principal preocupación sigue siendo poder rehabilitar el funcionamiento del servicio sanitario rural de La Aguada, y en eso hemos estado trabajando y desarrollando las primeras obras desde el miércoles, las que esperamos puedan ir entregando el recurso gradualmente a los vecinos, para que en un plazo máximo de dos semanas, tengamos el APR operando nuevamente. Estamos desarrollando un trabajo colaborativo con otras instituciones como la Municipalidad de Corral y las seremis de Gobierno, Salud y Economía”, dijo Peralta.
Labor sanitaria
Respecto del trabajo sanitario desplegado a raíz de esta emergencia, la Seremi de Salud, Cristina Ojeda, explicó que se han desplegado 18 funcionarios de la Autoridad Sanitaria en el sector de La Aguada. Esto con el objetivo de realizar una vigilancia epidemiológica en coordinación con el Hospital de Corral.
“Se trata de un equipo liderado por un médico internista y una enfermera de la Seremi de Salud. Ellos además estarán vacunando y realizando actividades de educación sanitaria en el sector. Con esto queremos reforzar nuestra preocupación por el bienestar de las vecinas y vecinos del sector La Aguada”, indicó Ojeda.
Junto a lo anterior, la titular de Salud indicó que también fueron destinados dos funcionarios de la unidad de Ambiente Saludable, quienes evaluarán las medidas de mitigación que deberá ejecutar la empresa Urales y la factibilidad de alza de prohibición de funcionamiento que rige sobre ella. Además, a solicitud de la comunidad, realizarán muestras de agua en el sector San Juan. Finalmente, la Seremi de Salud comprometió la programación de fiscalizaciones por parte de la unidad de Salud Ocupacional a la empresa, puesto que desde la comunidad se denunciaron condiciones no favorables para la realización de las faenas.